La trata de seres humanos ha sido castigada por nuestro sistema legal desde 2003, año en que entró en vigor la Ley 228.

Mediante esta ley se modificaron los artículos 600, 601 y 602 del Código Penal que ya se ocupaban de la esclavitud.

El caso fue ampliado por el Decreto Legislativo en 2014, que también prestó especial atención a las ayudas e indemnización para las víctimas de este tipo de abusos.

El mérito de haber introducido una regulación precisa y orgánica para la trata de seres humanos es el resultado de la aplicación de la legislación europea, que se compone de dos textos legislativos: la Decisión Marco 2002/629 y la Directiva 2011/36.

Cambios en el Código Penal:

La idea era introducir nuevas disposiciones penales y modificar las existentes para combatir el fenómeno de la reducción de la esclavitud resultante de la trata de personas.

En particular, engloba a los seres humanos de, entre otros, los países más pobres del mundo donde se obliga a las víctimas a llevar a cabo trabajos forzados de prostitución.

El núcleo central de la legislación penal se encuentra en los artículos 600, 601 y 602, respectivamente clasificados como: “reducción o mantenimiento de la esclavitud o servidumbre”, “trata de personas” y “compra y enajenación de esclavos”.

El artículo 600 del Código Penal castiga a cualquiera que lleve a una persona a la esclavitud con prisión de entre 8 y 20 años.

La comparación con el derecho de propiedad es interesante y pragmática: la esclavitud se entiende como el ejercicio sobre una persona con poderes similares a los del derecho de propiedad.

En 2014 se sumó llevar a cabo actividades ilegales que impliquen la explotación o extracción de órganos.

En cuanto a la conducta llevada a cabo por el traficante se contempla: la amenaza, la violencia y el engaño; abuso de autoridad o explotación de una situación de inferioridad física o mental o una situación de necesidad; la promesa u otorgamiento de sumas de dinero u otros beneficios a quienes tienen autoridad sobre la persona.

El artículo 601 del Código Penal también define que es delito la trata de personas castigándolo con prisión de 8 a 20 años.

El artículo 602 del Código Penal establece y regula el caso de la compra y venta de esclavos. Esta disciplina es residual. Se aplica solo en los casos en que el artículo 601 no se procesa.

El delito se comete cuando la compra, enajenación o transferencia de una persona en condición de esclavitud o servidumbre se produce de conformidad con el artículo 600 del Código Penal. La pena es de 8 a 20 años.

Era inevitable que también se ampliaran las disposiciones del artículo 416 del Código Penal sobre asociación criminal, indicando que cuando la asociación tiene la intención de cometer cualquiera de los delitos mencionados en los artículos 600, 601 y 602 se aplicará una pena de prisión de 5 a 15 años.

La Ley 228 de 2003 también preveía estos delitos y la asistencia a las víctimas.

Se dispone la creación de un fondo de lucha contra la trata en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Este fondo ofrece financiamiento en relación con programas de asistencia e integración social a favor de las víctimas de delitos, así como otros fines de protección social.

Además, la ley también ampara el establecimiento de un programa de asistencia especial para las víctimas de los delitos de reducción o mantenimiento de la esclavitud y la trata de personas, a fin de garantizar unas condiciones adecuadas de alojamiento, comida, asistencia y salud.

Finalmente, se han previsto políticas especiales de cooperación hacia los países afectados por los delitos, que serán implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, organizando reuniones internacionales y campañas de información dentro de los países con un mayor número de víctimas.