Efectividad de la respuesta estatal en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, es fundamental para garantizar su bienestar.
En este artículo, examinaremos la situación actual y evaluaremos las acciones tomadas por el Estado colombiano para abordar esta problemática.
Además, junto a Juan Ricardo Palacio cofundador de Protection4kids analizaremos los desafíos que persisten y propondremos posibles soluciones para mejorar la respuesta estatal.
Colombia cuenta con una sólida legislación y políticas de protección para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece medidas específicas para garantizar su protección.
Además, el Gobierno colombiano ha implementado programas como “Colombia Cuida a Colombia” y “De Cero a Siempre” que buscan fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual.
Sin embargo, la efectividad de estas políticas, es aún motivo de preocupación.
Aunque existe una ruta de atención para víctimas de violencia sexual establecida, en la que deben trabajar de manera articulada las diferentes entidades estatales con el fin de lograr la atención inmediata, la atención se realiza de manera desarticulada, generando en muchos casos revictimización e impunidad.
Uno de los principales desafíos en la respuesta estatal es la detección temprana y la denuncia de los casos de violencia sexual.
Aunque las denuncias han aumentado en los últimos años, en muchos casos estos delitos se mantienen en silencio debido al miedo, la vergüenza o la falta de confianza en las autoridades.
Es crucial fortalecer los mecanismos de sensibilización y capacitación tanto para profesionales como para la comunidad en general.
Con el fin de fomentar una cultura de denuncia y generar confianza en el sistema de justicia.
La respuesta estatal debe asegurar que las víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a la justicia y a servicios de protección integral.
Es fundamental que los procedimientos legales sean ágiles, eficientes y respetuosos de los derechos de los menores de edad.
Además, se deben implementar medidas de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de las víctimas y sus familias.
En este sentido, es necesario fortalecer los equipos interdisciplinarios especializados en la atención de víctimas de violencia sexual.
Además de estrategias que garanticen la no repetición en los casos de violencia contra los niños.
La prevención de la violencia sexual contra niños es esencial para reducir su incidencia.
El Estado colombiano debe invertir en programas de educación sexual integral que promuevan el respeto, la igualdad de género y el consentimiento.
Estos programas deben ser inclusivos, abordando temas como el abuso sexual en línea y la explotación sexual.
Además, es importante promover la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de estrategias de prevención, brindándoles espacios seguros para expresarse y ser escuchados.
La respuesta estatal requiere una coordinación efectiva entre diferentes instituciones y sectores, incluyendo el sistema de justicia, los servicios de salud, la educación y las organizaciones de la sociedad civil.
Además, la cooperación internacional es fundamental para abordar la violencia sexual contra niños, especialmente en casos de trata y tráfico de personas.
Es necesario fortalecer los mecanismos de colaboración y compartir buenas prácticas con otros países para mejorar la respuesta estatal en este ámbito.
Del texto anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:
Si bien Colombia ha avanzado en leyes y políticas contra la violencia sexual, aún existen desafíos en la respuesta estatal;
es necesario fortalecer la detección temprana, la denuncia, el acceso a la justicia, la protección integral de las víctimas;
asimismo, se requiere una mayor coordinación interinstitucional y cooperación internacional;
solo mediante un enfoque integral y colaborativo podremos proteger eficazmente a los niños en Colombia.
